Ni la Reforma del
Estado ni la de sus Administraciones Publicas se justifican por sí mismas, sino
porque sean necesarias para garantizar el desarrollo de los pueblos
latinoamericanos. Esta obviedad trae un corolario poco practicado: la
obligación de fundamentar cada reforma que se proponga o emprenda en términos
de su impacto razonable en el desarrollo. Cosa difícil de hacer sin una teoría
del desarrollo.
El desarrollo es un
imperativo irrenunciable para todos los pueblos latinoamericanos. No sólo por
las evidentes falencias económicas, sociales y políticas observables (que, por
mínima decencia, deberían comprometernos a todos en su superación), sino porque,
como han razonado Bresser y Nakano (1996), en países de débil institucionalidad
(producida por la ausencia o insuficiencia del "contrato social") un
pacto político orientado al desarrollo es el mejor sustituto para procurar la
gobernabilidad.
Pero aquí no deberían
valer equívocos: querer desarrollarse es querer cerrar la brecha del
desarrollo, es decir, querer situarnos -en un tiempo histórico razonable- al
nivel de los países desarrollados. Ni más ni menos. En América Latina
necesitamos reforzar nuestra voluntad y compromiso por el desarrollo. El
inmenso potencial de la región contrasta con la confianza insuficiente de sus
ciudadanos y dirigentes en la acción colectiva (1).
Las grandes utopías,
genuinamente latinoamericanas, del pasado reciente no han resultado En nuestro
tiempo ya no caben los dogmatismos ni los determinismos históricos. Pero como
el futuro está abierto, necesitamos utopías que orienten su construcción, es
decir, el ejercicio de nuestra responsabilidad moral.
Una utopía
latinoamericana para nuestro tiempo, capaz de convocar y movilizar el consenso
de (y delimitar el terreno de la confrontación entre) un amplio espectro de
fuerzas de centro-izquierda y de centro-derecha renovados, incluiría
seguramente las grandes transformaciones siguientes:
1) Superar
definitivamente el populismo político mediante la consolidación y avance de la
democracia y el estado de derecho. Esta sencilla afirmación implica toda una
larga agenda de reformas políticas, que habrá que adaptar a las condiciones
particulares de cada país. Entre ellas: mejorar los sistemas electorales y de
partidos políticos; incrementar la información y la transparencia y facilitar
la emergencia y la participación política como actores de todos los grupos de
interés e ideológicos, con especial consideración de las comunidades indígenas
y las mujeres; continuar y racionalizar el proceso de descentralización
político-administrativa; erradicar el clientelismo y la patrimonialización
política de los aparatos administrativos; garantizar la efectiva división de
poderes y la sumisión de todos ellos y de los ciudadanos al imperio de la ley;
en particular, erradicar la arbitrariedad, reducir la discrecionalidad y
someter a responsabilidad judicial el ejercicio de los poderes públicos...
2) Superar el sistema
económico mercantilista latinoamericano tradicional mediante su transformación
en auténticas economías de mercado abiertas y competitivas, únicas hoy capaces
de garantizar el crecimiento económico, condición insuficiente pero necesaria
del desarrollo. Esto implica una larga lista de transformaciones
institucionales, que van más allá del ajuste estructural, la estabilidad
macroeconómica, la apertura comercial y la práctica de algunas privatizaciones
y desregulaciones. En particular, es necesario proceder a asignaciones más
eficientes y a definiciones y garantías más seguras de los derechos de
propiedad (2). Lo que implica a su vez dos políticas aparentemente
contradictorias: por un lado, desregular y, por otro, crear cuando proceda
marcos reguladores más eficientes. Pero para que los compromisos reguladores
sean creíbles es necesario eliminar el riesgo de alteración arbitraria de los
marcos reguladores a través de un régimen de legalidad administrativa y de
responsabilidad administrado por jueces y tribunales creíbles...
3) Salvaguardar la
cohesión y avanzar en la equidad social mediante políticas y programas de lucha
contra la marginación y la pobreza, de garantía de servicios sociales básicos
como el abastecimiento de agua, la salud, la educación y la previsión social.
Para todo ello hay que ir replanteando la vieja institucionalidad de las
burocracias centralizadas, que han sido incapaces de garantizar la
universalidad de los servicios; y hay que hacerlo mediante la transferencia de
recursos y responsabilidades a las administraciones descentralizadas, al sector
privado y a las organizaciones de la sociedad civil, según los casos. La
capacidad para diseñar los marcos reguladores y para construir y gerenciar
redes interorganizacionales será quizás la competencia más relevante de los
gerentes sociales exitosos.
Las tres grandes
transformaciones planteadas forman sistema. Exigen una visión integral,
expresiva de la interdependencia entre todas ellas. Dicha integralidad puede
quedar plasmada en el ejemplo siguiente: sin transparencia y responsabilidad en
el financiamiento y sin democracia interna en los partidos políticos será
prácticamente imposible evitar la clientelización del empleo público y la
propensión político-empresarial a burlar las reglas de la competencia de
mercado; sin servicio civil meritocrático e imparcial será imposible garantizar
a los empresarios la sostenibilidad por el poder ejecutivo de los compromisos
legislativos (3); sin transparencia, participación y responsabilidad
suficientes será muy difícil evitar que los programas sociales sigan
beneficiando a los que ya tienen voz en el proceso político y perpetuando con
ello la dualización social; sin estabilidad macroeconómica, sin un sistema
financiero fiable y sin la mínima seguridad para los derechos de propiedad, se
desincentiva la capacidad de emprender o se la entierra en el sector informal.
De este modo se impide no sólo el nacimiento de unas clases medias productivas
y dinámicas sino también la expansión del empleo y de la base fiscal que podría
permitir mejorar la recaudación con fines sociales...
La matriz integradora
de las transformaciones requeridas por los retos del desarrollo de nuestro
tiempo es la Reforma del Estado. Michel Camdessus ha señalado que la Reforma
del Estado marcará la diferencia entre el simple crecimiento y el verdadero
desarrollo (4). Para comprender la profundidad de esta afirmación necesitamos
partir de un concepto de Estado que supere su simple dimensión organizativa:
necesitamos ver al Estado como la matriz institucional necesariamente
integradora de las dimensiones política, económica y social del desarrollo.
Como señalan otros, necesitamos ver al Estado como el recurso fundamental de la
gobernabilidad de las sociedades.
